El régimen de sociedad conyugal se define como la
sociedad de bienes que se forma entre los cónyuges por el hecho del matrimonio (art.
135 inc. º CC.), siendo el único régimen matrimonial existente al momento de la
creación del Código de Bello de 1855. Luego se incorporó la institución de los
bienes reservados, y los regímenes de separación de bienes y participación en
los gananciales.
La sociedad conyugal, tiene la característica, que el
marido es el jefe de la misma, quien administra los bienes sociales y los de su
mujer (art. 1749), y que frente a terceros, es dueño de los bienes sociales
como si ellos y sus bienes propios formasen un solo patrimonio (art. 1750). Lo
que significa, por regla general, que la mujer, por sí sola, no tiene derecho
alguno sobre los bienes sociales durante la sociedad (art. 1752), por lo que
los terceros simplemente se tienen que relacionar con el marido.
Esta institución antiquísima, aunque no se crea, tenía
por objeto proteger a la mujer casada. Es así, al momento de la disolución de
la sociedad conyugal, ella puede pagarse de las deducciones o retiros primero
que el marido, con los bienes sociales o en subsidio con los de éste (art.
1773); tiene un crédito privilegiado de 4º categoría en por las recompensas que
le adeude la sociedad o el marido (art. 2481 Nº 3), tiene el derecho a la mitad
de los bienes que forman parte del acervo líquido o gananciales (art. 1774); y
además, goza del beneficio de excusión del artículo 1777 del Código Civil, en
virtud del cual, la mujer no es responsable de las deudas, sino hasta
concurrencia de su mitad de gananciales. Y no olvidar, que también tiene la
posibilidad de mantener un patrimonio reservado, en los casos del artículo 150
del Código Civil, cuando la mujer que ejerza algún empleo, profesión, industria
u oficio separado de su marido, se considerará separada de bienes respecto del
ejercicio de dicho empelo, administrando y gozando con plena independencia, los
bienes que adquiera de ese ejercicio separado, los que obtenga de ellos, y los frutos
de uno u otros bienes, pudiendo renunciar a los gananciales o no según el mayor
reporte que la situación amerite.
Por lo tanto, así como la mujer goza de ciertos beneficios,
este régimen implica limitaciones para la mujer, que como se señaló, no puede
administrar ni los bienes sociales ni los suyos propios. Esto no implica que el
marido tenga absolutas libertades a la hora de negociar con terceros, porque es
necesario, para celebrar determinados actos y contratos, que el marido obtenga la
autorización de la mujer, (la que puede prestar en el mismo acto o incluso través
de mandato), o en subsidio por la justicia según los casos, acarreando también,
especificas sanciones (nulidad relativa, inoponibilidad, obliga bienes
propios), en el evento que el marido se extralimite del mandato legal y celebre
actos sin la autorización de la mujer (art. 1749, 1754, 1755, 1756 y 1757).
Conforme a lo anterior, cabe preguntarse si en este
régimen, la mujer casada puede tener alguna participación o no. O dicho de otra
manera, si la mujer puede participar de la administración de los bienes
sociales y que los obligue. La respuesta es afirmativa, y así existen algunos
casos, como las compras al fiado de objetos muebles destinado al consumo
ordinario de la familia (art. 137 inc. 2º), caso de la administración
extraordinaria de la sociedad conyugal (art. 138 inc. 1º), el caso de un
impedimento corta duración del marido y que la demora siguiere perjuicio (art.
138 inc. 2º), cuando la mujer actúa con mandato general o especial del marido
(art. 1751 inc. 1º), en los casos del artículo 1739 inc. 4º y 5º (mujer celebra
actos sobres bienes sociales muebles con terceros de buena fe), etc.
Hasta el momento, de todo lo
comentado, cualquier alumno de las cátedras de derecho cursando derecho de
familia, debería estar en pleno conocimiento de las normas antes comentadas. Sin
embargo, lo que se busca con este artículo, es dar a conocer dos normas
jurídicas, fuera del Código Civil, a veces poco conocidas, en que la mujer
puede celebrar actos por sí sola, sin la intervención del marido, e incluso,
celebrar actos en que implique que bienes pasen a formar parte de su patrimonio
reservado, sin ni siquiera tener un empleo, profesión u oficio separado de su
marido. ¿Cómo se podría explicar, la situación anterior?
Nos estamos refiriendo a los casos
en que la mujer casada adquiera
viviendas en los cuales intervenga Servicio Nacional de Vivienda y Urbanismo,
ya sea como vendedor u otorgando un subsidio habitacional. Según la
naturaleza y las normas de la sociedad conyugal, la mujer no podría por sí sola
adquirir una vivienda obtenida por un subsidio habitacional, ya que como ella al
estar casada en sociedad conyugal, necesariamente en el acto debe intervenir el
marido. Y es más, al momento de la disolución de la sociedad, el bien raíz
pasaría a formar parte de los gananciales que se dividirán por partes iguales
entre marido y mujer. Por lo mismo, es que el legislador, previó esta
situación, y la solucionó regulándola en dos normas fuera del Código Civil, en
la que hace aplicable expresamente, ya sea todos los efectos del
patrimonio reservado del artículo 150 del Código Civil, o en otros, la
considera separada bienes para el solo objeto de la celebración del contrato de
compraventa, según la naturaleza del caso que se trate.
Hago hincapié que se trata de dos situaciones, que hay
que distinguir y nunca confundir. A continuación el detalle:
1.- Artículo 11 de la Ley N° 16.392[1]
de 16 de diciembre de 1965: SERVIU COMO VENDEDOR.
En los casos que la mujer casada adquiera una
vivienda, (o la grave o hipoteque), en los cuales, el SERVIU intervenga
celebrando el contrato como vendedor (o como acreedor del contrato de hipoteca
o gravamen), se le aplica el artículo 11 de la Ley N°
16.392, donde se establece una presunción de derecho a favor la mujer en la
cual, se le aplica todos y
cada uno de los efectos del artículo 150 del Código Civil. Como lo dispone el
mismo precepto: se presumirá de derecho separada de bienes para la celebración del
contrato correspondiente, y regirán, respecto de ella, todos los derechos que
se establecen en el artículo 150° del Código Civil para la mujer casada que
ejerce un empleo, oficio, profesión o industria, separados de los de su marido.
Igual conclusión se obtiene del artículo 69 del Decreto Supremo N° 355 de 1975
que Aprueba el Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización.
De la interpretación de ambas normas, hay que razonar que, la referencia al
artículo 150 del Código Civil, es total: la mujer casada se considera separada de
bienes de su marido para efectos de celebrar el contrato, como también para
efectos de considerar que el inmueble pasa a formar parte de su patrimonio reservado,
como si lo hubiese adquirido ella misma en el ejercicio de algún empleo,
profesión o industria separado de su marido. Si no existiere esta norma, el
bien pasaría a ser parte del haber absoluto de la sociedad conyugal. Eso sí,
como se le aplica el artículo 150 CC., no implica que luego al momento de la
disolución de la sociedad conyugal, la mujer deba renunciar a los gananciales
para quedarse con el inmueble, o aceptarlos, en caso que quiere participar del
50% de los gananciales (el bien raíz entraría en esa repartición).
Esta norma, tiene mucha aplicación práctica, y se está
refiriendo a los casos en que las mujeres casadas participan en programas de
Estado, a través del SERVIU, en los cuales otorgan a las familias viviendas sociales.
Es por este motivo, que en el contrato de compraventa, comparece el SERVIU otorgándolo,
por lo que la normativa que se debe aplicar, es la recién comentada, con todos
los efectos de la misma.
Así resolvió la Corte Suprema, en el fallo Rol Nº 30911-2014,
de fecha 13 de julio de 2015. El caso se trata de un juicio en que el marido,
solicita la declaración de dominio o copropiedad del inmueble que la mujer
había adquirido en virtud del art. 11 de la ley 16.392, al considerar que dicho
bien no forma parte del patrimonio reservado de la mujer sino del haber social.
El Tercer Juzgado Civil de Talca rechazó la demanda, y la Corte de Apelaciones
de Talca revocó el fallo apelado declarando ha lugar a la demanda del marido ya
que consideró que la norma solo tiene por objeto dar facilidades a la mujer
para celebrar el contrato de compraventa (fallo que nos llama la atención). La
mujer demandada interpuso Recurso de Casación el Fondo, en el cual, la Corte
Suprema, conociendo este recurso, anuló la sentencia de la Corte de Apelaciones
de Talca y dictó una de reemplazo, indicando que la norma del artículo 11 de la
Ley Nº 16.392: “no son normas de mera
capacidad, es decir, que hayan tenido por objeto únicamente otorgar ésta a la
mujer casada para concurrir a los contratos de compraventa, mutuo o hipoteca
por sí sola y sin la representación del marido, sino que tienen un carácter
sustantivo que no puede desconocerse en cuanto a hacer aplicables, tal como se
desprende de su propio tenor literal, todos
los derechos que contempla el artículo 150 del Código Civil, es decir, del
instituto del patrimonio reservado”.[2] Compartimos el
fallo de la Exma. Corte Suprema, no así el de la Corte Apelaciones de Talca.
Por último, señalar que en
los casos que aparezcan vendiendo las Municipalidades, el artículo 9 de la Ley
Nº 18.138[3], permite
expresamente a ellas, vender viviendas rigiéndose por el artículo 11 de la ley
16.392, por lo que, en dichos eventos, se debe seguir la misma lógica antes
comentada.[4]
2.- Artículo 41 de la Ley N° 18.196[5]de
29 de diciembre de 1982: QUIEN VENDE ES UN TERCERO DISTINTO AL SERVIU, SERVIU
INTERVIENE OTORGANDO SUBSIDIO.
Aquí la situación es diversa. Puede pasar, que las
familias, por distintos motivos, no quieran ser beneficiadas con viviendas del
tipo social, y solo acuden al SERVIU solicitando un subsidio habitacional, para
finalmente adquirir un bien raíz, en que el vendedor no es el Servicio, sino
una Constructora o Inmobiliaria cualquiera. Por lo tanto, la mujer casada
celebrará el contrato con un tercero distinto del SERVIU. Para estas
situaciones, se debe aplicar el artículo 41 de la Ley Nº 18.196, en el cual,
señala en su inciso segundo que la mujer
casada beneficiaria del subsidio habitacional del Estado, se presumirá separada de bienes para la celebración de los
contratos de compraventa, mutuo e hipotecas relacionados exclusivamente con la
adquisición de la vivienda para la cual se les haya otorgado dicho subsidio.
El artículo 24 del DS Nº 40 de 19 de marzo de 2004, repetía la misma idea (derogado)[6]. Es
decir, estas normas vienen en beneficiar a la mujer casada, ya que ella puede
celebrar el contrato por sí misma, sin la intervención del marido.
No
obstante lo anterior, al no existir una referencia al artículo 150 del Código
Civil, como en la situación anterior, el bien inmueble adquirido, no deja de
ser social y entra al haber absoluto de la sociedad conyugal (art. 1725 N° 5).
Esto significa que la vivienda no le pertenece a la mujer, ella no puede
venderla por sí sola, es el marido quien tiene las facultades para
administrarla durante la sociedad, y al momento de la disolución, pasa a formar
parte del haber líquido que se reparten en mitades marido y mujer. Dicho de otra manera, el marido tiene
derecho a esta “casa”, junto con los demás bienes que se repartan entre ellos,
y nunca el bien pasaría a formar parte del patrimonio reservado de la mujer.
Así
lo señaló la Corte Suprema, conociendo de un recurso de casación en el fondo, en
sentencia de 09 de diciembre de 2014, Rol Nº 179-2014. La causa dice relación que
el marido (demandante), solicitó la nulidad absoluta de la venta del inmueble
que había sido adquirido por su mujer (demandada) en virtud del artículo 41 de
la Ley Nº 18.196. El demandante supone que el inmueble, ingresó al haber
absoluto de la sociedad conyugal en virtud del art. 1725 Nº 5, por lo que la
posterior venta de la mujer adolecía de un vicio de nulidad absoluta, ya que a
ella, se le considera separada de bienes solo para efectos de la celebración de
la compraventa. En este sentido falló la Excma. Corte Suprema, al disponer que:
“los sentenciadores declaran, a partir de
ese presupuesto fáctico, que el inmueble pertenece a la sociedad conyugal,
según dispone el art. 1725 n°5 del Código Civil, conclusión que, en opinión de
los jueces, no se ve alterada por el hecho de que el bien referido haya sido
adquirido en conformidad al régimen dispuesto en el art. 41 de la Ley 18.196,
dado que la presunción de separación de
bienes que esa norma dispone lo es sólo para la adquisición de esa vivienda y
no para su disposición posterior”; aunque, finalmente la casación fue
rechazada porque tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como la Corte
Suprema, consideración que la acción que debería haber ejercido el demandante
era la nulidad relativa, y no la absoluta, sin perjuicio que parte de la
doctrina considera que la sanción es la inoponibilidad ya que la mujer estaría
vendiendo cosa ajena (así lo sostienen los profesores Ramos Pazos, Corral
Talciani y Céspedes Muñoz. Un mayor análisis de la sentencia ver link[7]).
La distinción puede tener importancia en materia de derecho de familia. Es común que en la práctica, en los casos de compensación económica, por nulidad del matrimonio o divorcio, el marido ceda los derechos que le corresponde en un bien raíz a favor de la mujer a título de compensación económica, con el objeto que la mujer adquiera el cien por ciento de la propiedad del inmueble, que lo más seguro, fue el que constituyó la residencia principal de la familia. Si el bien raíz que se trate, fue adquirido por la mujer casada en virtud del artículo 11 de la ley 16.392, no es necesario recurrir a esta figura, porque basta a la mujer RENUNCIAR a los gananciales, para quedarse con este bien que pertenecía a su patrimonio reservado como ya se dejó en claro. En cambio, si el inmueble se adquirió a través de un subsidio habitacional según el artículo 41 de la ley 18.196, aquí SERÍA NECESARIO la transferencia de los derechos del marido a favor de la mujer a título de compensación económica, ya que el inmueble es social, y a la mujer le corresponde una parte del bien inmueble (a pesar que lo adquirió ella y en la inscripción figure como dueña). Una incorrecta interpretación de la figura o de las mismas normas, y un mal asesoramiento jurídico a la clienta, podría implicar en un serio perjuicio para ella si es que se le aconseja aceptar los gananciales en el primer caso, o renunciarlo en el segundo (sin perjuicio de considerar que si la mitad de los gananciales, son superiores al valor el inmueble adquirido, sería aconsejable aceptarlos). Si el marido cede sus derechos a título de compensación económica, no podría obtener la desmarcación por divorcio, para que éste pueda postular a un subsidio, pero dicha situación puede ser materia de otro artículo.
En síntesis, hemos esbozado
someramente, dos instituciones, de mucha aplicación práctica y que generan
bastantes dudas a la hora de aplicarlas por el desconocimiento de las mismas. Así,
se han visto bastantes errores en escrituras públicas, y demasiadas confusiones
en los colegas. No basta que en la escritura se haga mención al artículo 150 del
Código Civil para considerar que la vivienda le pertenece a la mujer, lo
importante es determinar cuál de las dos normas, la escritura pública hace
mención, o mejor aún, cuál es la naturaleza jurídica de la adquisición de la
vivienda. Lo fundamental es determinar, si quien interviene como vendedor es el
SERVIU (o las municipalidades, según el caso), se aplicará la norma del art. 11
de la Ley Nº 16.392; o un tercero distinto del SERVIU a través de un subsidio
habitacional, tendrá efecto lo dispuesto en el art. 41 de la Ley Nº 18.196.
Ésta es la postura del propio Servicio Nacional de Viviendas y Urbanismo.[8] Además,
el artículo 29 del Decreto N° 1 del Ministerio de Vivienda, de fecha
06-06-2011, que APRUEBA REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO
HABITACIONAL Y DEROGA EL D.S. Nº40, DE 2004, Y EL CAPÍTULO SEGUNDO DEL D.S. Nº
174, DE 2005, lo dejó expresamente claro[9] (a
través de las modificaciones introducidas por el Decreto N° 8 de Minvu de
18-12-2020).
A pesar que aún existen algunas
posturas, que prefieren dar prioridad al estatuto del propio Código Civil, por
sobre las normas que hemos comentado, creemos que el sentido correcto que hay
que darle, es el indicado en las líneas anterior. Por algo es una norma
especial, diferente del derecho “común”, que tiene por objeto proteger a la mujer
casada en sociedad conyugal, y que la misma jurisprudencia, se ha pronunciado
en este sentido.
Y para finalizar, existe pendiente
un proyecto de Ley que tiene por objeto modificar el régimen de sociedad
conyugal y así otorgar más participación a la mujer casada, sobre todo en la
administración de sus bienes propios, como también otorgando, derechamente, la
posibilidad de administrar este régimen a través de un pacto que celebre con el
marido. Dicho proyecto, puede ser objeto de un posterior artículo en este blog.
Lo que aquí simplemente se buscaba, es dar a conocer dos normas jurídicas, de
inmensa importancia práctica, para que el colega, o futuro colega sepa la
correcta manera de aplicarlas e interpretarlas. Y si por alguna razón, la
lectora de este artículo es justamente una mujer casada que quiere comprar una
vivienda a través del SERVIU, y debido a la tecnicidad redactada en el
artículo, no pudo comprender las instituciones que la benefician, puede dejar
sus comentarios para solucionar las dudas que el caso en cuestión le sugiera.
[1] Artículo 11 Ley 16.392.- La mujer casada que adquiera, hipoteque o
grave en la Corporación de la Vivienda o en la Corporación de Servicios
Habitacionales, en Asociaciones de Ahorro y Préstamos o Instituciones de
Previsión, una vivienda, sitio o local, se
presumirá de derecho separada de bienes para la celebración del contrato
correspondiente, y regirán, respecto de ella, todos los derechos que se establecen en el artículo 150° del Código
Civil para la mujer casada que ejerce un empleo, oficio, profesión o
industria, separados de los de su marido.
[4] Art. 9 Ley Nº 18.138.- En todos los actos y contratos que se
celebren para la enajenación de las viviendas e infraestructuras sanitarias
regirá, respecto de los cónyuges, lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la
Ley N° 16.392.
[5] Art. 41 inc. 1° y 2° de ley 18.196.- No regirán las autorizaciones
del cónyuge o de la justicia ordinaria, exigidas por la legislación vigente,
respecto de la constitución de hipotecas y prohibiciones para caucionar
créditos complementarios para la adquisición de viviendas mediante el subsidio
habitacional otorgado por el Estado (inciso 1°). La mujer casada beneficiaria del subsidio
habitacional del Estado, se presumirá
separada de bienes para la celebración de los contratos de compraventa, mutuo e
hipotecas relacionados exclusivamente con la adquisición de la vivienda para la
cual se les haya otorgado dicho subsidio (inciso 2°).
[6] Art. 24 DS 40.- La mujer casada que postule al subsidio habitacional, se
presumirá separada de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la
Ley N° 18.196. No obstante lo anterior, dicha presunción no operará en el
evento que la mujer beneficiaria del certificado de subsidio lo ceda a su
cónyuge. Siempre procederá la cesión del certificado de subsidio entre
cónyuges.
[7] https://corraltalciani.wordpress.com/2014/12/21/venta-de-un-inmueble-por-la-mujer-casada-en-sociedad-conyugal/
[9] Art.
29 D N° 1.- De la mujer casada que adquiere con subsidio habitacional y la
cesión del certificado de subsidio. La mujer casada en sociedad conyugal que
adquiera una vivienda del Serviu, se presumirá de derecho separada de bienes
conforme a lo dispuesto en el artículo 11° de la ley N° 16.392, para la
celebración del contrato correspondiente, en cuyo caso regirán respecto de ella
todos los derechos que se establecen en el artículo 150 del Código Civil para
la mujer casada que ejerce un empleo, oficio, profesión o industria separados
de los de su marido. Por su parte, si la mujer casada en sociedad conyugal
adquiere la vivienda de un tercero distinto del Serviu, se la presumirá
separada de bienes para la celebración de los contratos de compraventa, mutuo e
hipotecas relacionados exclusivamente con la adquisición de la vivienda para la
cual se le haya otorgado dicho subsidio, conforme a lo dispuesto en el artículo
41 de la ley N° 18.196.
Siempre procederá la cesión del certificado de subsidio entre cónyuges o convivientes civiles.
