La
Ley N° 20.931 de 05 de julio de 2016, introdujo importantes modificaciones en
distintos cuerpos legales, tanto en el Código Penal, Código Procesal Penal,
Código de Justicia Militar, Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las
personas jurídicas, Ley N° 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad, entre otras, denominada Ley de Agenda
Corta Antidelincuencia, con el objeto de aumentar la protección de los delitos
contra la propiedad, contemplados en el titulo IX del Libro II del Código
Penal. La Ley viene a recoger una incertidumbre en la población, con el
supuesto aumento de estos delitos (por ejemplo, el llamado “portonazo”), que
causan gran conmoción en parte de la población, y el incremento del índice de
victimización de las personas. Así se puede desprender del propio Mensaje de la
Ley, de fecha 23 de enero de 2015, enviado por S.E Presidente de la República a
la Cámara de Diputados, que cito: “existe
en Chile una sensación de inseguridad, de acuerdo a los últimos estudios; por
ello, debemos hacernos cargo de dicha situación. Creemos que llegó el momento
de aplicar medidas que ataquen directamente al núcleo de los delitos de mayor
connotación y que afectan más directamente a nuestra población que son los
delitos en contra de la propiedad en todas sus dimensiones. Es por esto que
la Ley, busca de cierta forma hacerse cargo de esta sensación de inseguridad, a
pesar que los índices de justicia son bastante buenos según estudio del Poder Judicial.
Este es un tema bastante frágil para la comunidad, y sobre todo en tiempos de elecciones, que puede ser crucial para el existo o fracaso de una campaña. Para aquello, La Ley debió introducir significativas modificaciones a los cuerpos legales arriba mencionados.
Este es un tema bastante frágil para la comunidad, y sobre todo en tiempos de elecciones, que puede ser crucial para el existo o fracaso de una campaña. Para aquello, La Ley debió introducir significativas modificaciones a los cuerpos legales arriba mencionados.
Para empezar, en cuanto al Código Penal, se modificó el
artículo 433, que regula el robo calificado, distribuyendo sus dos antiguas
causales, en tres numerandos. Además se aumentan las penas de estos delitos
(por ejemplo, el robo con homicidio o violación, pasó de presidio mayor en su
grado medio a presidio perpetuo calificado a presidio mayor en su grado máximo
a presidio perpetuo calificado), para así armonizar con las penas del delito de
homicidio que ya habían sido modificadas por la Ley 20.779. La modificación más trascedentes
al CP, se encuentra en los artículos 449 y 499 bis CP (nuevo artículo), donde
se regulan las formas de determinación de la pena para la mayoría de los
delitos contra la propiedad, agregando una circunstancia agravante especial,
cuando el imputado haya actuado formando parte de una organización de dos o más
personas destinada a cometer dichos hechos punibles, siempre que ésta no
constituyere una asociación ilícita (art. 449 bis CP). Sin perjuicio de los
aspectos modificados en el Código Penal, donde se puede consultar este video
para mayor información, éste artículo se centra más en las alteraciones que debieron implementarse en
el Código Procesal Penal.
En este orden de ideas, para la correcta aplicación de
una ley que busca minimizar los índices de delitos, no basta con el aumento de
las penas, como pudiera pensarse. Es por aquello, que La Ley de Agenda Corta,
introdujo en total 30 modificaciones al Código Procesal Penal, que agrupamos en
4 categorías: Control de Identidad, aumento de las
facultades de los policías, Medidas Cautelares, y otras normas de importancia, que pasamos a
comentar a continuación.
En relación al primer aspecto, la discusión del proyecto
estuvo arduamente marcada por lo que se conoció como el “Control Identidad
Preventivo”; lo que pareciere que las policías podrían realizar el mencionado control
bajo cualquier supuesto. Dicho presupuesto, en la letra de la Ley, no es tan
así (aunque algunos temen que en la práctica no se respete). Se modificó el
inciso primero del artículo 85, permitiendo a los funcionarios policiales
solicitar la identificación de cualquier persona, según los casos específicos
que ella regula, bastando la existencia de un solo indicio, y no dos o más como
se exigía anteriormente. Se agrega un nuevo supuesto en que se permite a los funcionarios
policiales, efectuar el control de identidad. Se trata del caso en que el
funcionario tenga algún antecedente que
le permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención
pendiente (art. 85 inc. 2°). Se termina por incorporar un nuevo inciso
final, facilitando a los policías realizar el control mediante medios tecnológicos,
cuando con los otros medios, la identificación no hubiese sido posible.
Además, el artículo 12 de la Ley 20.931 incorporó una tercera arista del control identidad, (no se agregó al Código Procesal Penal, lo cual llama la atención). El precepto señala, que las policías podrán verificar la identidad de cualquier persona mayor de edad, solo en cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85. En este procedimiento, se podrá realizar la identificación por cualquier medio, incluso con tarjeta estudiantil; en caso de duda en cuanto a la edad de la persona, se presume mayor de edad; deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para los fines antes señalados que no podrá extenderse por más de 1 hora; y la persona controlada podrá ser sancionada con el delito de falta del art. 496 N° 5 CP (niega, oculta o proporciona identidad falsa). Lo más bien, un policía, podría solicitar la identidad a cualquier persona (ejemplo, en una marcha), bajo el alero de sus funciones de resguardo de orden y seguridad pública. Por lo anterior, el artículo 12, obliga a los funcionarios policiales, en el ejercicio de esta facultad, exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación, respetando siempre la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria; pudiendo constituir falta administrativa, el ejercicio de estas atribuciones de manera abusiva, o aplicando un trato denigrante a la persona a quien se verifica la identidad; por lo que se permite reclamar, mediante un procedimiento estandarizado, a la persona que estime haber sido objeto de un ejercicio abusivo o denigratorio por parte de las policías. Si bien es cierto, con la vigencia de la Ley de Agenda Corta, tenemos tres causales de control de identidad que procede en casos bien específicos, sigue existiendo incertidumbre si los funcionarios policiales, ejercerán sus atribuciones de manera correcta, o las llevarán a cabo en forma excesiva y con abuso de poder, por lo se teme que el tenor de la Ley pueda quedar en letra muerta.
Además, el artículo 12 de la Ley 20.931 incorporó una tercera arista del control identidad, (no se agregó al Código Procesal Penal, lo cual llama la atención). El precepto señala, que las policías podrán verificar la identidad de cualquier persona mayor de edad, solo en cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85. En este procedimiento, se podrá realizar la identificación por cualquier medio, incluso con tarjeta estudiantil; en caso de duda en cuanto a la edad de la persona, se presume mayor de edad; deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para los fines antes señalados que no podrá extenderse por más de 1 hora; y la persona controlada podrá ser sancionada con el delito de falta del art. 496 N° 5 CP (niega, oculta o proporciona identidad falsa). Lo más bien, un policía, podría solicitar la identidad a cualquier persona (ejemplo, en una marcha), bajo el alero de sus funciones de resguardo de orden y seguridad pública. Por lo anterior, el artículo 12, obliga a los funcionarios policiales, en el ejercicio de esta facultad, exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación, respetando siempre la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria; pudiendo constituir falta administrativa, el ejercicio de estas atribuciones de manera abusiva, o aplicando un trato denigrante a la persona a quien se verifica la identidad; por lo que se permite reclamar, mediante un procedimiento estandarizado, a la persona que estime haber sido objeto de un ejercicio abusivo o denigratorio por parte de las policías. Si bien es cierto, con la vigencia de la Ley de Agenda Corta, tenemos tres causales de control de identidad que procede en casos bien específicos, sigue existiendo incertidumbre si los funcionarios policiales, ejercerán sus atribuciones de manera correcta, o las llevarán a cabo en forma excesiva y con abuso de poder, por lo se teme que el tenor de la Ley pueda quedar en letra muerta.
En un segundo acápite, queremos referirnos, al aumento de las atribuciones que la Ley de Agenda Corta otorgó a las policías, con objeto de combatir de mejor manera, la prevención y persecución tanto de los delitos contra la propiedad, como de todo otro tipo de delito. Es así, que se agrega al artículo 83, en la letra c y d, la forma como el funcionario policial debe resguardar el sitio del suceso e identificar y tomar declaraciones a los testigos. Bien es cierto que antes de la reforma, los funcionarios policiales, cumplían estas funciones, siguiendo normas y principios propios de la criminalística; lo que hace la Ley es simplemente reflejarlo en una norma jurídica. También, las policías podrán efectuar examen de vestimentas que llevare el detenido, del equipaje que portare o del vehículo que condujere, solo por el hecho de la detención, sin necesidad de indicios que permitieren estimar que este oculta en ellos, objetos importantes para la investigación, como se exigía antes de la vigencia de Ley 20.931 (art. 89 inciso 1°). En cuanto a la entrada y registros en lugares cerrados y sin orden, se agrega una caso más en que se faculta la entrada de las policías a estos lugares: cuando exista algún indicio de que se está procediendo a la destrucción de objetos o documentos, de cualquier clase, que pudiesen haber servido o haber estado destinados a la comisión de un hecho constitutivo de delito (art. 206 inc. 1°). Esto podría evitar la destrucción del objeto que fue constitutivo del delito de robo, hurto, receptación. Además, se podrán incautar, durante la práctica de la diligencia de registro, objetos o documentos que permitieren sospechar la existencia de un hecho punible distinto a la de la orden respectiva, sin necesidad de resolución previa, como se exigía antes de la LAC, debiendo dar aviso inmediato al fiscal, quien los conservará (art. 215).
Se
crea el artículo 226 bis, que incorpora técnicas especiales de investigación.
Dicha norma, establece que el fiscal podrá aplicar las técnicas previstas y
reguladas en los artículo 222 a 226 CPP, siempre y cuando la investigación diga
relación con algunos delitos contra la propiedad que menciona la norma, los
señalados en la Ley Nº 17.798 (Control de Armas) y el señalado en el art. 190
de la ley N° 18.290 (ley de Tránsito); y se trate de casos en que existieren
fundadas sospechas, de la participación en una asociación ilícita, o en una
agrupación u organización conformada por dos o más personas, destinada a cometer
los hechos punibles ya mencionados, aun cuando ésta o aquella no configure una
asociación ilícita. Además tratándose de los delitos de crimen, el Ministerio
Público podrá utilizar técnicas especiales de investigación consistentes en entregas
vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos e informantes, en la
forma regulada por los artículos 23 y 25 de la ley Nº 20.000, siempre que fuere
necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad
y la participación de personas determinadas en éstos, conocer sus planes,
prevenirlos o comprobarlos. Incluso para los delitos de la ley Nº 17.798, podrá
utilizarse agentes reveladores. Igualmente, para la utilización de estas
técnicas, el Fiscal, siempre requerirá la autorización del Juez de Garantía.
Sin
perjuicio del aumento de estas atribuciones, el incumplimiento de las
instrucciones generales impartidas por los fiscales a las policías, podrá dar
lugar a responsabilidades administrativas, como lo señala expresamente, el
nuevo artículo 87 bis CPP.
Conjuntamente
relacionado con el tema anterior, la LAC, introdujo modificaciones en materia
de Medidas Cautelares. En cuanto a la Detención Judicial, se agregaron dos
casos en que se permite al juez ordenar la detención del imputado: ya sea por un hecho
al que la ley asigne una pena privativa de libertad de crimen; o tratándose de
hechos a los que la ley asigne las penas de crimen o simple delito, se le
permite al juez considerar como razón suficiente para ordenar la detención la
circunstancia de que el imputado haya concurrido voluntariamente ante el fiscal
o la policía, reconociendo voluntariamente su participación en ellos (art. 127).
En cuanto a la Detención en Flagrancia, se permite a las policías, el registro
de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona detenida (art. 129 inciso
2°). Además, para efectos de practicar la detención, se podrá registrar el
lugar e incautar los objetos y documentos vinculados al caso que dio origen a
la persecución, dando aviso de inmediato al Fiscal, quien deberá conservarlos
(art. 129 inciso final). Se agrega una nueva situación de flagrancia, en la
letra f del artículo 130, “el que
aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito al
cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato”. Finalmente,
se agregó una nueva medida cautelar del artículo 155, en la letra i, que podrá
decretar el juez: la de la obligación del
imputado de abandonar un inmueble determinado.
Además, con respecto a la audiencia de control de detención, si no concurría el Fiscal, el imputado debía ser liberado. Pero con la vigencia de la Ley de Agenda Corta, se permite al juez suspender la audiencia hasta por un plazo de dos horas, con objeto que concurra el fiscal o su abogado. Obviamente trascurrido este plazo, el imputado será puesto en libertad (art. 132). También, se podrá apelar respecto de la resolución que declara la ilegalidad de la detención, además de los delitos que ya anteriormente contemplaba la norma, respecto de los delitos señalados en la ley N° 17.798, de los simples delitos de la ley 20.000 (igualmente los crímenes) y los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones (art. 132 bis). Éstas últimas tres hipótesis, también se agregaron al artículo 149 bis inciso segundo, que, regulando la Prisión Preventiva, impide que el imputado sea puesto en libertad, mientras no se encuentra ejecutoriada la resolución respectiva, con la particularidad que se extiende a todos los delitos de la ley 20.000, al eliminarse la expresión penas de crimen, lo que pareciere excesiva. Siguiendo respecto a la prisión preventiva, se añadió expresamente, que la libertad del imputado constituye peligro para la sociedad, cuando tenga orden de detención judicial pendiente (art. 149 inciso 4°), considerándose como tales, aquellas en que se hayan emitido para concurrir ante un tribunal, en calidad de imputado (inciso sexto art. 149). Se modificó el artículo 150 en su inciso quinto, regulando la posibilidad del juez de otorgar permiso de salida al imputado mediante resolución fundada, y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines de dicho permiso. Con la ley antigua, para algunos delitos, el juez podía otorgar el permiso, incluso, sin estos requisitos.
Por último, queda mencionar, y no menos importantes, algunas restantes modificaciones que el legislador incorporó al Código Procesal Penal. En cuanto al principio de oportunidad, la Ley, busca de cierta manera restringir su aplicación, debiendo el Fiscal, regirse por las instrucciones generales dictadas por el Ministerio Público, y como la misma norma señala, “con el objetivo de establecer un uso racional de la misma” (art. 170 inciso 2°). Se amplío el plazo que tenía el fiscal de 40 días para mantener en secreto algunas actuaciones del proceso, por el mismo periodo, (por una sola vez y por motivos fundados), no siendo oponible la ampliación al imputado y su defensa (art. 182 inciso 3°). En cuanto a la proposición de diligencias que pueden solicitar el imputado y los demás intervinientes, se agrega un plazo (que antes no existía), de 10 días contados desde la solicitud, para que el fiscal se pronuncie respecto de ésta, y ordene llevar a efectos las que estime conducentes. Se agrega la posibilidad de reclamar ante las autoridades del Ministerio Público, cuando el Fiscal no se pronuncia dentro de este plazo de 10 días o rechace la solicitud, con el objeto de obtener un pronunciamiento definitivo de la diligencia (art. 183). En cuanto a la prueba anticipada, se agrega un nuevo inciso final, estableciendo que la inasistencia del imputado válidamente emplazado, no obsta a la validez de la realización de dicha audiencia (art. 191 inciso final).
Además, con respecto a la audiencia de control de detención, si no concurría el Fiscal, el imputado debía ser liberado. Pero con la vigencia de la Ley de Agenda Corta, se permite al juez suspender la audiencia hasta por un plazo de dos horas, con objeto que concurra el fiscal o su abogado. Obviamente trascurrido este plazo, el imputado será puesto en libertad (art. 132). También, se podrá apelar respecto de la resolución que declara la ilegalidad de la detención, además de los delitos que ya anteriormente contemplaba la norma, respecto de los delitos señalados en la ley N° 17.798, de los simples delitos de la ley 20.000 (igualmente los crímenes) y los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones (art. 132 bis). Éstas últimas tres hipótesis, también se agregaron al artículo 149 bis inciso segundo, que, regulando la Prisión Preventiva, impide que el imputado sea puesto en libertad, mientras no se encuentra ejecutoriada la resolución respectiva, con la particularidad que se extiende a todos los delitos de la ley 20.000, al eliminarse la expresión penas de crimen, lo que pareciere excesiva. Siguiendo respecto a la prisión preventiva, se añadió expresamente, que la libertad del imputado constituye peligro para la sociedad, cuando tenga orden de detención judicial pendiente (art. 149 inciso 4°), considerándose como tales, aquellas en que se hayan emitido para concurrir ante un tribunal, en calidad de imputado (inciso sexto art. 149). Se modificó el artículo 150 en su inciso quinto, regulando la posibilidad del juez de otorgar permiso de salida al imputado mediante resolución fundada, y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines de dicho permiso. Con la ley antigua, para algunos delitos, el juez podía otorgar el permiso, incluso, sin estos requisitos.
Por último, queda mencionar, y no menos importantes, algunas restantes modificaciones que el legislador incorporó al Código Procesal Penal. En cuanto al principio de oportunidad, la Ley, busca de cierta manera restringir su aplicación, debiendo el Fiscal, regirse por las instrucciones generales dictadas por el Ministerio Público, y como la misma norma señala, “con el objetivo de establecer un uso racional de la misma” (art. 170 inciso 2°). Se amplío el plazo que tenía el fiscal de 40 días para mantener en secreto algunas actuaciones del proceso, por el mismo periodo, (por una sola vez y por motivos fundados), no siendo oponible la ampliación al imputado y su defensa (art. 182 inciso 3°). En cuanto a la proposición de diligencias que pueden solicitar el imputado y los demás intervinientes, se agrega un plazo (que antes no existía), de 10 días contados desde la solicitud, para que el fiscal se pronuncie respecto de ésta, y ordene llevar a efectos las que estime conducentes. Se agrega la posibilidad de reclamar ante las autoridades del Ministerio Público, cuando el Fiscal no se pronuncia dentro de este plazo de 10 días o rechace la solicitud, con el objeto de obtener un pronunciamiento definitivo de la diligencia (art. 183). En cuanto a la prueba anticipada, se agrega un nuevo inciso final, estableciendo que la inasistencia del imputado válidamente emplazado, no obsta a la validez de la realización de dicha audiencia (art. 191 inciso final).
También
se modificaron algunos aspectos del cierre de la investigación. Sabemos que
antes de la vigencia de la LAC, si el fiscal no procedía a cerrar la
investigación, el juez (a solicitud del imputado o el querellante) citaba a los
intervinientes a una audiencia bajo el apercibimiento de que si es que éste, no
comparece, o si haciéndolo se niega a cerrarla, decretará el sobreseimiento
definitivo. Para evitar esta situación, se modificó el artículo 247, en el cual
establece que si el fiscal no comparece a esta audiencia, el juez otorgará un
plazo máximo de 2 días para que éste se pronuncie acerca del cierre de la
investigación. Si no lo hace dentro de este plazo, o si comparece, se niega a
cerrarla, el juez recién en este momento, decretará el sobreseimiento
definitivo de la causa, informando al fiscal regional para que se apliquen
medidas disciplinarias correspondientes (art. 247 inciso 3°). Ahora bien, puede
pasar que el fiscal dentro de este plazo, declaró el cierre de la
investigación, pero no dedujo acusación. La nueva Ley, previene este caso,
señalando en el artículo 247 inciso 5°, que el juez fijará un plazo máximo de
dos días, para que el fiscal deduzca acusación. Transcurrido dicho término, sin
que se el fiscal hubiere deducido acusación, el juez, de oficio o a petición de
cualquiera de los intervinientes, dictará sobreseimiento definitivo, en
audiencia especialmente citada al efecto, debiendo igualmente informar al
fiscal regional. Lo que se altera básicamente con la nueva la Ley, es la incorporación
del plazo máximo de dos días que otorga el juez para que el fiscal se pronuncie
acerca del cierre de la investigación, o en su caso, deduzca acusación.
En
cuanto al Juicio Oral, se agregó expresamente en el artículo 308, algunas de
las medidas para proteger a los testigos, que podrá disponer el tribunal en
casos graves y calificados. La norma señala que podrán consistir, en autorizar
al testigo para deponer vía sistema de vídeo conferencia, separado del resto de
la sala de audiencias mediante algún mecanismo que impidan el contacto directo
del testigo con los intervinientes o el público (art. 308 inc. 1°). Además, el
precepto estableció, que se entenderá que constituye un caso grave y
calificado, aquel en que la solicitud se fundamente en la existencia de malos
tratos de obra o amenazas en los términos del artículo 296 del Código Penal,
debiendo el juez oír al testigo en forma reservada sin participación de los
intervinientes (art. 308 inc. final). También, excepcionalmente, en caso de
fallecimiento o incapacidad del perito para comparecer a la audiencia de
juicio, se permite que otro perito de la misma institución y especialidad,
realice la exposición (art. 329 inciso final). Se agregó un nuevo caso de
reproducción de declaraciones anteriores en la audiencia del juicio oral: cuando las hipótesis previstas en la letra
a) sobrevengan con posterioridad a lo previsto en el artículo 280 y se trate de
testigos, o de peritos privados cuya declaración sea considerada esencial por
el tribunal, podrá incorporarse la respectiva declaración o pericia mediante la
lectura de la misma, previa solicitud fundada de alguno de los intervinientes
(art. 331 letra e). La norma se coloca en el caso en que las causales de
imposibilidad o incapacidad del testigo o perito sobrevengan en la etapa del
juicio oral.
En
cuanto al procedimiento simplificado, y para efectos de la resolución
inmediata, se agrega un caso especial para los delitos señalados en el artículo
449 del Código Penal. El precepto señala que el fiscal podrá solicitar una pena
inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo considerar
previamente lo establecido en las reglas 1a y 2a del artículo 449 del mismo
cuerpo legal. Esto está relacionado con las modificaciones que se introdujeron
por la LAC al Código Penal (art. 395 inc. 2°). Además, en razón a la
realización del juicio simplificado, y en caso que el imputado requerido,
válidamente emplazado, no asista injustificadamente a dicha audiencia por
segunda ocasión, el tribunal deberá recibir, siempre que considere que ello no
vulnera el derecho a defensa del imputado, la prueba testimonial y pericial del
Ministerio Público, de la defensa y del querellante, en carácter de prueba
anticipada, conforme a lo previsto en el artículo 191 del Código Procesal Penal,
sin que sea necesaria su comparecencia posterior al juicio (art. 396 inciso
final)
En
razón al procedimiento abreviado, se agrega una nueva casual. Se aplicará el procedimiento
abreviado para conocer y fallar, los hechos respecto de los cuales el fiscal
requiriere la imposición de una pena privativa de libertad, no superior a diez
años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los
ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo
del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de
las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies
de ese cuerpo legal (art. 406). Además, respecto de los delitos señalados en el
artículo 449 del Código Penal, si el imputado acepta expresamente los hechos y
los antecedentes de la investigación en que se fundare el procedimiento
abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una
pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley, debiendo
considerar previamente lo establecido en las reglas 1a o 2a de ese artículo (Artículo
407 inciso 4°).
Para terminar, igualmente la ley 20.931 agregó una nueva hipótesis de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en los casos de asociaciones ilícitas dedicadas a la receptación, pudiendo aplicarse en caso de reincidencia, la pena de disolución de la persona jurídica. Incluso, el legislador aprovechó de modificar el artículo 168 de la Ley N° 18.290 (Ley de Tránsito), que trata de “simplificar” los trámites para hacer efectivo los seguros de daños a terceros o propios, bastando declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, sin que sea necesario otros actos o documentos expedidos por la autoridad policial, tales como constancias o denuncias.
Para terminar, igualmente la ley 20.931 agregó una nueva hipótesis de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en los casos de asociaciones ilícitas dedicadas a la receptación, pudiendo aplicarse en caso de reincidencia, la pena de disolución de la persona jurídica. Incluso, el legislador aprovechó de modificar el artículo 168 de la Ley N° 18.290 (Ley de Tránsito), que trata de “simplificar” los trámites para hacer efectivo los seguros de daños a terceros o propios, bastando declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, sin que sea necesario otros actos o documentos expedidos por la autoridad policial, tales como constancias o denuncias.
En
conclusión, podemos apreciar que las normas modificadas e introducidas por la Ley
de Agenda Corta que acabamos de revisar, buscan proteger a las víctimas de los
delitos sufridos por robo, hurto, y la posterior receptación, y así poder
superar los índices de victimización que existen en la ciudadanía, que
comentamos al introducir este artículo. Es por estas primicias, que se otorgan
más facultades a las policías; se crean dos nuevas formas del control de identidad;
se agregaron dos causales para que el juez pueda ordenar la detención judicial;
se permite el permiso de salida del detenido en prisión preventiva solo por
resolución fundada; se puede suspender la audiencia de control de detención en
caso de incomparecencia del fiscal para evitar la libertad del imputado; se
debe otorgar un plazo de dos días para que el fiscal pueda realizar acusación;
se permiten técnicas especiales de investigación para determinados delitos,
etc. En fin, normas que buscan evitar los típicos comentario de la ciudadanía,
tales como: “la justicia no sirve”, “que
los delincuentes son dejados en libertad”, “las víctimas no tienen derechos”, para de cierta manera dar mayor
protección a éstos últimos en el proceso penal. Está claro el contexto bajo el
cual fue publicada la Ley de Agenda Corta. Solo ha de esperar su correcta
aplicación, que sus objetivos se logren cumplir, y que éstos, no impliquen que los derechos de los imputados resulten notoriamente vulnerados.
